La situación procesal de los detenidos tras el desalojo efectuado el sábado sobre el corte de la ruta de acceso al Valle de Tafí motivó un intercambio de informes entre el Juzgado penal de Monteros y la delegación tucumana de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Ayer, el representante del organismo, el abogado Carlos Garmendia, recibió una solicitud de intervención respecto a la privación de libertad de Margarita Mamaní, la cacica que lideró el corte, y de César Monasterio, uno de los comuneros acusados de tentativa de homicidio, entre otras presuntos delitos, durante el operativo de desalojo del sábado (el pedido no menciona a Antonio Álvarez, el otro aprehendido investigado por los mismos hechos).
Tensión en los Valles: “La ruta nunca estuvo cortada”, dijo MaleyLa solicitud realizada a la Secretaría de Derechos Humanos y transmitida por su delegado a Mario Velázquez, el juez de instrucción de Monteros, sostiene que las detenciones de Monasterio y Mamaní se han extendido en el tiempo sin que se les tomara declaración de imputado (que es de 24 horas, en principio). Así, el hecho podría haber configurado una violación de normas constitucionales e internacionales.
El Juzgado respondió que Monasterio fue detenido junto con Álvarez el sábado a las 10.40 por “resistencia a la autoridad, tentativa de homicidio, lesiones, violación de medidas contra epidemias y desobediencia judicial”, y que ayer a las 10 se solicitó una prórroga de 24 horas de la declaración de imputado por la “imposibilidad de preparar las actuaciones”. Esa justificación -sostiene el informe judical- es autorizada por el artículo 309 del Código Penal Provincial.
La prórroga, de ese modo, vencería hoy antes del mediodía y las declaraciones de los comuneros aprehendidos deberían ser efectuadas hasta ese entonces desde su sitio de detención, en la comisaría de Simoca. Según el Juzgado, hasta ayer los acusados no habían comunicado quiénes serían sus abogados defensores.
El mismo justificativo respecto a los plazos fue utilizado para explicar la situación procesal de Mamaní, que se encuentra arrestada en su domicilio de El Mollar por los presuntos delitos de violación de medidas contra epidemias, impedimento al transporte de personas por tierra, usurpación de autoridad e instigación a cometer delitos.
Luego de recibir el informe elaborado por el Juzgado de Monteros, fuentes de la delegación tucumana de la Secretaría nacional de Derechos Humanos le manifestaron a este diario que no habría ilegitimidad en las detenciones por hallarse vigente la prórroga contemplada en el Código Procesal Penal. “No habría violación de derechos como nos lo plantearon”, informaron. Así, el organismo sólo volvería a intervenir “si reciben una nueva denuncia”.